En pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19 ha entrado en operación la “doctrina del shock”; es decir, el aprovechamiento de situaciones catastróficas que hacen los gobiernos y las empresas, para adoptar medidas que no podrían tomar en condiciones normales, con el fin de ampliar las ganancias corporativas.
Aunque ha durado apenas pocos meses, varios gobiernos de la región, en complicidad con las empresas, de manera muy eficiente han usado esta coyuntura para ampliar la frontera de los transgénicos a través de la modificación de normas, o la creación de nuevas.
Uno de los argumentos usados es que la COVID-19 ha afectado fuertemente al sistema agroalimentario mundial, a pesar de las crecientes existencias de cereales, plantean la necesidad de obtener alimentos en menos tiempo y con rendimientos superiores. Se ha estimado que el número de personas con deficiencias alimentarias pasará de 135 millones a 265 millones a fines de 2020.
A pesar de los argumentos usados por la industria, los transgénicos no solucionarán el problema alimentario generado por el COVID-19, ya que no hay ningún transgénico que se siembre masivamente y esté destinado a la alimentación directa de la población.
Esta medida no va a dotar de mas alimentos para la gente, pues se trata de cultivos destinados a la agroindustria de exportación, y más bien pondrá en riesgo la soberanía alimentaria y la salud de nuestros pueblos. Es una aplicación de la doctrina del shock por parte de las empresas, en medio de la crisis que vivimos, para aumentar sus ganancias
( con información de Acción Ecológica de Ecuador)
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