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Foto: cortesía ADES
El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque otorgó medidas sustitutivas a la detención para los líderes comunitarios de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES; aunque cada uno debe pagar una fianza de $3,000 dólares.
El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque había rechazado en dos ocasiones la petición de medidas sustitutivas y postergó durante casi dos meses la audiencia especial, ordenada por la Cámara Penal de Cojutepeque, el 30 de junio.
El miércoles 24 de agosto, en la audiencia especial de revisión de medidas, el juzgado decretó arresto domiciliar para los líderes comunitarios; sin embargo, deben ser llevados de inmediato al Hospital Nacional Rosales, como lo ordena el fallo judicial.
La comunidad de Santa Marta y ADES realizaron una conferencia de prensa en la que exigieron a las autoridades correspondientes que agilicen el cumplimiento de la resolución, sobre todo por el grave estado de salud confirmado por el Instituto de Medicina Legal.
El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque ha postergado la audiencia preliminar para los ambientalistas hasta febrero de 2024 y también rechazó una petición de anulación de la acusación, basada en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Asimismo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto un recurso de Hábeas Corpus presentado por Tutela Legal “María Julia Hernández” y ADES, el 15 de junio pasado.
Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y fundadora del Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, asegura que la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta es una persecución política.
La semana pasada, Tutela Legal "María Julia Hernández" y ADES anunciaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibió una petición de medidas cautelares para líderes comunitarios de Santa Marta.
Las organizaciones recurrieron a la CIDH porque el sistema judicial de El Salvador actúa con arbitrariedad e injusticia encarcelando a los ambientalistas, durante más de siete meses, en condiciones inhumanas.
La CIDH ya pidió al Estado salvadoreño información sobre el caso. ADES y Tutela Legal consideran que el encarcelamiento de los defensores es una "condena anticipada".
Por otro lado, la Asociación Americana de Juristas también emitió una declaración en la que exige la libertad inmediata de los líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta y la desestimación de los presuntos delitos.
“En realidad, son encarcelados desde el 19 de diciembre de 2022, por las luchas que han librado en defensa del medio ambiente y contra la minería. El objetivo es neutralizarles para dejar el camino abierto a la reactivación de la minería metálica, y derogar la prohibición de minería de metales de 2017, lo que fue una conquista del pueblo salvadoreño”, se lee en la declaración.
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