Las madres y familiares de desaparecidos de la "Guinda de mayo" siguen cuestionando al Estado salvadoreño sobre su real intención de aplicar justicia a 41 años de aquella masacre.
Entre mayo y junio de 1982, en el marco de los grandes operativos militares durante la guerra en El Salvador, fueron asesinadas más de 500 personas, y fueron desaparecidos 150 niños y niñas, en Chalatenango, denominada "Guinda de mayo".
La gravedad de lo ocurrido en la "Guinda de mayo" ha sido reconocida en resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, sentencias de la Sala de lo Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de la sentencia sobre el caso Serrano Cruz de 2005 la Corte Interamericana ordenó investigar el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano e identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en su perjuicio. Pero esto no se ha concretado para las hermanas Serrano Cruz, (puesto que el proceso penal no ha superado desde hace años la fase de instrucción), ni para la mayoría de casos de la Guinda.
Elí Hernández, abogado de Pro-Búsqueda afirma que el Estado salvadoreño sigue siendo señalado a nivel internacional como un colaborador de estructuras criminales del conflicto armado.
La directora ejecutiva de Pro-Búsqueda Ana Julia Escalante exige justicia, verdad y reparación a las víctimas de la Guinda de Mayo.
Por otro lado, la Asociación Pro-Búsqueda manifestó que recientemente la Fiscalía General de la República informó acerca de la determinación del paradero de José Adrián Rochac (sentencia Rochac Hernández y otros vs El Salvador 2014), para lo cual accionó sus facultades en cuanto a la investigación para la ubicación de desaparecido, lo cual es un buen precedente, sin embargo, queda en la impunidad, como en los casos de la “Guinda de mayo”.
Ante este escenario, la Asociación Pro-Búsqueda insta al Órgano Ejecutivo a hacer cumplir lo dispuesto por las sentencias constitucionales, administrativas y del Sistema Interamericano sobre la “Guinda de mayo”, especialmente en las medidas que tienen que ver con el acceso a archivos militares, reparación y garantías de no repetición.
Además, insta al Órgano Legislativo a cumplir su compromiso con las víctimas y retomar el estudio sobre las propuestas de la sociedad civil sobre la Ley de Justicia Transicional y del Banco Nacional de Perfiles Genéticos.
También Pro-Búsqueda insta al Órgano Judicial a que hagan valer su independencia, en pro de la legalidad, así como a agilizar las investigaciones de casos del conflicto armado como lo ha ordenado la Corte Interamericana y le establece Constitución, así como a analizar y promover aquellas diligencias para superar la fase de instrucción en la que se encuentra el caso de las hermanitas Serrano Cruz.
Por último, a la Fiscalía General de la República, insta a continuar realizando investigaciones que descarguen a las víctimas de la responsabilidad de la búsqueda, lo cual implica superar las barreras que han mantenido impunes a los responsables de los hechos, dando así paz a las familias a partir del conocimiento de la verdad.
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