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Foto: www.bcie.org
Por Lilian Vega, de Bálsamo RTV.
Un reportaje del “Proyecto Informe sobre corrupción y el crimen organizado” (OCCRP por sus siglas en inglés) muestra cómo la última administración del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, ha manejado una política permisiva para otorgar préstamos a países con diferentes niveles de autoritarismo, entre ellos El Salvador.
En “acerca del BCIE” BCIE - Banco Centroamericano de Integración Económica dice literalmente “El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de desarrollo, con carácter internacional”, en su página también afirma que tiene 63 años impulsando el desarrollo de la región centroamericana, y que ha acompañado el crecimiento y bienestar social hasta llegar a ser el principal proveedor de recursos de la región.
Sin embargo, el OCCRP informa que el BCIE ha otorgado préstamos a gobiernos autoritarios, incluso acusados de violar los derechos humanos y, coloca como ejemplo, entre otros, a Nayib Bukele de El Salvador.
Según Luis Rodríguez, director del BCIE en El Salvador, el BCIE es el banco multilateral que más ha otorgado préstamos al país, según Rodríguez ha aprobado más de $4,600 millones, la mayoría para el sector público. Rodríguez también reconoce que en el sitio web del BCIE no aparece esta cantidad, pues aquí se reporta lo efectivamente desembolsado y no lo aprobado.
Los estados financieros disponibles en la página web del BCIE reportan que, para junio del 2022 El Salvador tenía compromisos de pago por $ 2,059 millones, para diciembre de 2019 esta cifra era de $ 1,121 millones. Esto evidencia un significativo aumento de 84% y $ 938 millones.
En el mismo período, los préstamos desembolsados al país pasaron de representar un 21% del total a 30%. El Salvador es el país con el mayor monto desembolsado de Centroamérica. Según lo informado por Rodríguez todavía faltaría por desembolsar más de $2,500 millones que ya se encontrarían aprobados y en proceso de desembolso.
El reportaje del “Proyecto Informe sobre corrupción y el crimen organizado” (OCCRP por sus siglas en inglés) señala que Altos funcionarios del BCIE han expresado su preocupación por la falta de transparencia dentro del banco. A finales de 2021, nueve directores escribieron a la junta directiva del BCIE preocupados por el deteriorado desempeño financiero y acusando a la administración del banco de ocultarles información. En la carta advertían que, de no hacer algo al respecto el BCIE enfrentaría “un eventual deterioro de la salud financiera que la institución había estado disfrutando durante la última década”.
El análisis de OCCRP muestra que las finanzas del banco han empeorado desde entonces, con una caída de las ganancias y un aumento de las provisiones para préstamos incobrables y costos.
Caso de El Salvador:
Según la investigación, del segundo préstamos más grande otorgado por el BCIE hasta la fecha, El Salvador desperdicio un tercio de los 600 millones.
Los documentos presupuestarios, analizados por los periodistas, muestran que “425 millones de dólares fueron destinados para ’obligaciones generales del Estado’. De esa cantidad, más de 200 millones de dólares se destinaron a un proyecto favorito del líder autoritario de El Salvador, Bukele: hacer del Bitcoin una moneda nacional”, cita la publicación.
El presidente del BCIE, Dante Mossi, advirtió que el Banco dejó plasmado en el contrato que el préstamo para apoyo a la emergencia de la pandemia no se podía utilizar para Bitcoin. Aunque, posteriormente, Mossi admitió que El Salvador había incumplido los términos del préstamo, también lo justificó diciendo: “Brindamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda usar el dinero como desee", cita la investigación.
Los periodistas recuerdan cómo el 9 de febrero de 2020, las tropas militares invadieron la Asamblea Legislativa después de que los legisladores de la oposición se negaran a participar en una votación para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares del BCIE para la tercera fase del llamado “plan de control territorial”. Y, aunque el préstamo no fue aprobado ese día, fue ratificado al año siguiente.
El 2021, el BCIE también aprobó préstamos para la policía y el Ministerio de Defensa, incluidos fondos destinados a comprar equipos de vigilancia y un helicóptero, mientras Bukele llevaba adelante su controvertido plan de control territorial.
En marzo de 2022, Bukele impuso un “estado de excepción” que suspendió muchas libertades civiles en todo El Salvador. Desde entonces, el gobierno ha detenido a más de 72.000 personas y los grupos de derechos humanos han documentado una letanía de abusos por parte de la policía y el ejército, desde detenciones arbitrarias hasta asesinatos y torturas de personas bajo custodia, según señala la investigación periodística.
“Aunque el BCIE aún no ha desembolsado préstamos para la segunda y tercera fase del plan de control de Bukele, que ascienden a 200 millones de dólares, el banco todavía lo respalda. A mediados de 2022, apenas unos meses después de que el gobierno de El Salvador impusiera el estado de excepción, las resoluciones bancarias muestran que ambos préstamos fueron extendidos por un año”, enfatiza el reportaje del “Proyecto Informe sobre corrupción y el crimen organizado” (OCCRP por sus siglas en inglés).
Para desarrollar este proyecto sobre el BCIE, los reporteros y editores de OCCRP trabajaron junto con periodistas de Columbia Journalism Investigations, una unidad de reportajes de investigación de la Escuela de Periodismo de Columbia, y miembros del proyecto colaborativo de reportaje centroamericano Redacción Regional, incluidos ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, La Prensa Panamá en Panamá y Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Asociación Anticorrupción y Protección de Denunciantes de Taiwán (TAWPA) en Taiwán.
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